"Algunas administraciones públicas están obligando a las empresas privadas a pagar las multas de tráfico pendientes de cobro para poder recibir un certificado de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias, forzándolas de este modo a pagar las multas para que a cambio puedan recibir dicho certificado", denunció ayer el Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), que considera esta política como un "obstáculo".
CEA dice que hay que distinguir entre tributos y multas. Los primeros, cuyo abono es obligatorio, son los ingresos públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una administración pública para el sostenimiento de los gastos públicos. Por otra parte, una multa es "una sanción administrativa por una supuesta infracción y con derecho a ser recurrida, luego nunca se puede confundir con una obligación tributaria", explicó el Comisariado. "Esta gran diferencia parece que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta por la Administración cuando se trata de recaudar", aseguró.
"CEA, como club que defiende los intereses de los automovilistas, quiere denunciar esta situación y recordar a las empresas afectadas que pueden solicitar el citado certificado a pesar de tener expedientes administrativos por multas de tráfico", señaló. "Ante una situación de abuso de autoridad si son obligadas al pago, deberán presentar las reclamaciones oportunas", recomendó.
"Queremos hacer eco de que no existe un sustento legal para que la Administración obligue al pago de las sanciones de tráfico pendientes para proceder a la emisión del certificado de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias para las empresas, porque una multa no es una obligación tributaria", reiteró CEA.
lunes junio 1
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