Cada ayuntamiento puede fijar libremente, aunque dentro de unos márgenes, la cuantía del impuesto de matriculación, creado hace ya 18 años y que genera unos ingresos anuales de 2.013 millones de euros a las haciendas locales. Esto hace que se registren diferencias de hasta un 300% entre municipios, lo que ha llevado a muchos automovilistas a cambiar su lugar de empadronamiento para matricular los vehículos en municipios con una menor presión fiscal, aunque no circulen realmente por ellos, según un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Esta asociación afirma que un coche medio de 11 caballos de potencia paga en concepto de impuesto de circulación 17,04 euros en Melilla, 61 euros en Madrid y 72,97 euros en San Sebastián, con lo que la diferencia entre el menor y el mayor gravamen alcanza el 328%. Entre los ayuntamientos con un impuesto de circulación más elevado -además de San Sebastián que cuenta con una tarifa máxima que se lo permite su régimen foral-, figuran Barcelona -que se mantiene desde hace una década con la tarifa más cara permitida por la ley-, Tarragona, Lleida, Palma, Cádiz, Castellón, Girona, Huesca y Bilbao. Los menores importes corresponden a Melilla, Ceuta, Soria, Zamora, Pamplona, Palencia, Cáceres, Huelva, Las Palmas y Cuenca.

Incluso dentro de una misma provincia se registran importantes diferencias entre los municipios. Así, la tasa es siete veces menor en la localidad madrileña de Robledo de Chavela que en la capital, u ocho veces menor en el municipio barcelonés de Aguilar de Segarra que en la ciudad condal.

Estas variaciones en el impuesto han generado "paraísos fiscales", un fenómeno que, según AEA, se está extendiendo, de tal manera que el pasado año había cinco ayuntamientos en esta condición y en 2008 ya hay diez.

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